¿Cuál es la responsabilidad de las administraciones públicas en la creación de empleo?

La responsabilidad de las Administraciones Públicas en la creación de empleo y en la lucha contra el desempleo es un mandato constitucional. La realización de una política orientada al pleno empleo y la protección de las situaciones de necesidad, especialmente en casos de desempleo, por parte de los poderes públicos aparece reflejado de forma taxativa en los artículos 40 y 41 de nuestra Constitución como mandatos cuyo reconocimiento, respeto y protección deberá informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de las administraciones públicas.

El desarrollo de dichos artículos, en lo que se refiere a políticas de empleo viene dado sobre todo por la Ley Básica de Empleo de 1980, y en lo referente a la protección por desempleo en la actualidad regulado por el Texto Refundido de Ley General de la Seguridad Social, en su Título III. El Estatuto de los Trabajadores también recoge en su artículo 17 la posibilidad de que el gobierno articule medidas y otorgue incentivos con el objeto de fomentar el empleo.

Ante la importancia trascendental de la creación de empleo, la ausencia de niveles suficientes de empleo y las altas tasas de paro han sido una de las grandes frustraciones de la España democrática, y la frustración era de tal magnitud, que cuando queríamos hablar de empleo, hablábamos de paro, que las oficinas de empleo eran las oficinas del paro y que registrarse en el INEM era apuntarse al paro, pero estos últimos años nos están demostrando que el empleo crece de manera sostenida y atravesamos el período más largo de creación de empleo, y nuestra economía va alcanzando máximos históricos en el empleo.

Es cierto que nos queda mucho por recorrer, que las tasas de actividad y empleo, especialmente de las mujeres son muy inferiores a las de la media europea y que el paro es aún superior, que existen grandes diferencias en los niveles de empleo y desempleo, y que la excesiva tasa de temporalidad no se justifica en la actividad de nuestros sectores productivos, y que para luchar contra todo esto es necesario el esfuerzos de todos, y que un incremento económico estable es el requisito previo para el mejor funcionamiento del mercado de trabajo y que la búsqueda de soluciones por quienes van a tener después que aplicarlas es lo más idóneo para corregir lo que tiene que funcionar mejor, así como las reformas que se tienen que seguir abordando, situándose el empleo como una prioridad.

Corresponde ahora y siempre, que los interlocutores sociales sigan avanzando en su trabajo entre sí y con los gobiernos, para perfeccionar lo existente y seguir haciendo las reformas pertinentes, que permitan seguir creando empleo y anular o reducir la temporalidad en el trabajo, cuando no esté justificado. No se trata de poner dificultades a la contratación temporal, que es necesaria en nuestro mercado de trabajo, porque hay muchas actividades estacionales, y si se trata de aumentar los costes en los contratos laborales para que las actividades estables se cubran con contratos de trabajo indefinidos.

Deben buscarse por consiguiente todo tipo de políticas de empleo que puedan aplicarse, así como de búsqueda de lo que hoy se llama nuevos yacimientos de empleo ante las nuevas situaciones que vivimos y a la vez tan cambiantes, debido a las nuevas necesidades y tecnologías; Debe fomentarse la sustitución de políticas pasivas de empleo por políticas activas (incrementar demanda de trabajo de forma genérica o indiscriminada o bien dirigida a colectivos concreto, mejorar procesos de ajuste a corto plazo entre oferta y demanda de trabajo, disminución de la oferta de trabajo o redistribución del empleo existente mediante las jubilaciones anticipadas etc), a la vez que nuevas modalidades de contratación y perfeccionamiento de otras, como la de educación en general y de formación específica en particular, que tanto hacen falta en la nueva situación en que vivimos.

Es necesario mantener el camino del desarrollo económico apoyándonos en la competitividad de las empresas como base imprescindible del mantenimiento y de la creación de empleo. Junto a medidas de carácter estrictamente económico es importante avanzar en la reforma de las relaciones laborales en la línea de las recientes reformas que permita una permanente adaptabilidad al mercado, a las circunstancias cambiantes de los procesos productivos y a las innovaciones tecnológicas y exigencias de convergencia económica en el contexto europeo.